De activista de la Marea Blanca a nueva ministra de Sanidad, García debe
encarar un reto: acabar con las colaboraciones público-privadas, aunque no
se haga alusión a ello en el pacto de Gobierno
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| Bruno Thevenim, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
“La rentabilidad en sanidad es un concepto peligroso. Solo puedes aumentar
en rentabilidad si disminuyes en dar salud, no hay otra fórmula”. Hace
diez años la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, hablaba así como
portavoz de Afem, unas de las organizaciones médicas que se pusieron al
frente de la Marea Blanca contra los planes privatizadores de la Comunidad
de Madrid. Eran tiempos de lucha, de grandes movilizaciones en las que se
mezclaban pacientes y profesionales. Y tiempo de victoria: finalmente la
Comunidad de Madrid retiró su plan para privatizar seis hospitales y 27
centros de salud. Plan que antes de esto fue paralizado por la Justicia.
En medio de estos acontecimientos estaba García, por aquel entonces médica
anestesista en el Hospital Doce de Octubre.
Tiempo después vino su designación como diputada en la Asamblea de Madrid.
Primero con Podemos, luego con Más Madrid. En 2023 fue candidata a la
presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras denunciaba la
irregularidad
en los contratos que Ayuso adjudicaba al Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Y hoy se sienta en el Ministerio de Sanidad con toda una tarea por
delante: derogar las leyes que permiten seguir privatizando la sanidad.
Voy a ser ministra con la misma vocación de servicio público que me ha acompañado todos los días de mi vida, dentro y fuera del quirófano.
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 21, 2023
Viva la sanidad pública. pic.twitter.com/slRH95uGDc
En el vídeo en el que García confirma su nuevo cargo, grabado con un cartel
que reclama sanidad pública a sus espaldas, insiste en que para su partido
la sanidad no es “un servicio público más” sino el “buque insignia de
nuestro estado de bienestar”. Y como tal, la defensa de la sanidad pública
debiera estar en el centro, insisten expertas y expertos consultados para
este reportaje. El 24 de octubre, y antes de la formación de gobierno, Sumar
y PSOE mostraban su acuerdo programático. En el apartado sanitario, no se
hace alusión a frenar la privatización ni a revertir los contratos
existentes. Reducir las listas de espera, reforzar la Atención Primaria o
expandir la cobertura en salud mental o con atención bucodental sí se
reflejan en lo acordado.
En 2019, el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos en su punto 2.2.9
decía específicamente: “Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema
público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión
pública directa. Para ello se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de
nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los
mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”.
¿Por qué se ha perdido esta propuesta por el camino?
CHOQUE DE TRENES
Este punto supuso un choque de trenes en el Gobierno de coalición, y así
lo explican desde
Podemos. Este partido puso sobre la mesa la derogación de la ley 15/1997 sobre
nuevas formas de gestión, la norma de Aznar que abrió la puerta a la
entrada de empresas en la sanidad pública con el beneplácito de todos los
grupos políticos excepto IU y BNG. Propuesta que no consiguió prosperar,
explica Amparo Botejara, responsable del área de sanidad de Podemos,
médica de familia y exvocal de Podemos en la Comisión de Sanidad en el
Congreso.
“El blindaje de la sanidad pública quedó en un desencuentro total.
Nuestro objetivo era abolir la ley 15/97 y la ministra Darias plasmó su
espíritu en su supuesta ley de equidad para el sistema sanitario, que era
más bien una ley de inequidad”, explica Botejara. Se refiere al
Proyecto
de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad,
universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que entró en el
Congreso en junio de 2022, tras ser aprobada en el Consejo de Ministros.
Una ley “Frankestein” que contenía muchos aspectos, entre ellos, la
privatización sanitaria. En su artículo 47, el texto refleja que de forma
“excepcional, justificada y motivada”, y “solo cuando no sea posible la
prestación directa de los servicios públicos que integran el Sistema
Nacional de Salud”, las administraciones podrán establecer conciertos con
empresas privadas. Desde Unidas Podemos denunciaban que esa
“excepcionalidad” establecida de manera ambigua podría convertirse en
norma en comunidades de tendencia privatizadora como Madrid o
Catalunya.
Informan también desde Podemos que quisieron introducir una regulación
para la reversión a lo público de los servicios privatizados, siguiendo el
camino de desprivatización de Alzira o del Hospital de Torrevieja en la
Generalitat Valenciana. El PSOE tampoco habría aceptado esta posibilidad.
“Cuando el Hospital de Alzira volvió a ser público, la
Administración tuvo que contratar a 400 profesionales. El hospital estaba
trabajando con un gran déficit de personal. Todo eso hay que
inspeccionarlo e intentar revertirlo”, expresa Botejara.
Los planes de Unidas Podemos era ganar sus propuestas en el trámite de
enmiendas. Pero ahí se quedó varada esta norma que, antes del adelanto
electoral, no superó el escollo del desencuentro. “Mónica García ha
defendido la sanidad pública por encima de todo y esto pasa por decir no a
la privatización. Sin la presión de la sociedad en política es difícil
modificar las cosas, pero si hay una presión importante y un compromiso
político de que esto hay que llevarlo a cabo, se puede hacer. Fácil no es,
a Carmen Montón —cuando fue consejera de sanidad en la Generalitat— le
costó mucho revertir Alzira, pero para eso se están política”, sentencia
la responsable del área de sanidad de Podemos.
HERENCIA DE AZNAR
Para deshacer el nudo de la privatización sanitaria hay que remontarse a
finales de los 80, cuando la ley General de Sanidad 14/1986 del PSOE
estableció en sus artículos 66, 67 y 90 las bases para que los hospitales
privados fueran vinculados al Sistema Nacional de Salud “cuando las
necesidades asistenciales lo justifiquen”. También que las
administraciones públicas podrán establecer conciertos para suministrar
servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Luego llegaría la Ley
15/1997 que directamente establece nuevos modelos de gestión entre los que
estarían las concesiones público-privadas.
Ángeles Maestro, médica, técnica superior de salud pública y exdiputada
de IU en el Congreso asistió a la aprobación de esta ley que contó con
el beneplácito de todo el arco parlamentario excepto su partido y el
BNG. “IU junto a BNG fuimos los únicos que votamos en contra. El PP
podía haber sacado la ley solo pero el plus de legitimación que le dio
el PSOE fue enorme”, expresa Maestro, para quien blindar la sanidad
pública es un “asunto de primer orden”. “Hay un binomio que funciona uno
con otro: deterioro de la sanidad y privatización. La participación cada
vez mayor de la empresa privada en el presupuesto sanitario tiene como
condición que la sanidad no funcione”, expresa Maestro.
Una tendencia que habría que revertir. El último
informe
de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública
(FADSP) indica que la pandemia ha sido aprovechada por varias
comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, en lugar de para
reforzar la sanidad pública, para profundizar esta deriva privatizadora
del sistema sanitario. “Un buen ejemplo es el gasto en conciertos, que
ha aumentado en todo el país un 8,98% en 2021 respecto a 2019, cuando el
presupuesto lo hizo solo un 7,78%”, alertan.
“Desde la Consejería de Sanidad de todo signo político se planifica el
desmantelamiento de la sanidad pública. No solamente no se ha invertido
la tendencia tras la pandemia, sino que se ha intensificado”, expresa
Maestro, quien recuerda como el exministro de Sanidad Salvador Illa
celebró unas jornadas sobre la sanidad del futuro hablando de la
colaboración público-privada con la presencia de Ribera Salud entre los
organizadores del evento.
HASTA UN 360% MÁS CARO
Un
informe
de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Audita Sanidad, sobre la
Fundación Jiménez Díaz, la entidad gestionada por Quirónsalud que se lleva
el grueso de las derivaciones en la Comunidad de Madrid, indica que la
externalización de servicios tiene una consecuencia negativa muy
importante: los amplios sobrecostes. Así el gasto de un servicio como la
cirugía mayor ambulatoria es superior en un 390% al coste medio en el
resto de hospitales públicos de su tamaño.
“Existen estudios científicos que demuestran que construir un hospital
con una colaboración público-privada, supone entre seis o siete veces
más que con recursos públicos”, expresa Vicente Losada, activista de la
Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y alerta de una nueva
amenaza: el aterrizaje de los fondos de inversión en este negocio, para
lo que invita al nuevo ministerio de Sanidad a regular su entrada. “De
los siete hospitales que hay en Madrid de modelo PFI (Private Finance
Iniciative), hay cinco que el 100% del accionariado de las empresas
adjudicatarias lo han vendido a fondos de inversión. Hay que establecer
normativa que impida el papel de los fondos de inversión en el ámbito de
los sectores básicos para la ciudadanía”.
Losada indica que, para acometer estos cambios, la correlación de
fuerzas en el arco parlamentario no es la más idónea. “Cualquier ley
tendrá que pasar por los 179 diputados que han prestado su apoyo. Y no
hay que olvidar que PNV, Coalición Canaria y Junts tienen planteamientos
privatizadores, igual que el PSOE. De acuerdo a esta correlación de
fuerzas sería difícil eliminar las privatizaciones. Hay 179 votos, pero
para conseguir estas cuestiones, hay opciones claramente de derechas que
no creemos que admitan la posibilidad de unas normas legales que
impidieran la privatización”.
Mientras tanto, advierte Ángeles Maestre, cualquier incremento
presupuestario es una “trampa”. “Aumentar la financiación de la sanidad
pública es una trampa, porque si la gestión la tiene la empresa privada
ellos se frotan las manos. El aumento de la financiación de la sanidad
pública manteniendo el control de la sanidad en manos privadas es un
brindis al sol que acaba por beneficiar a los que están
parasitándola”, zanja.
Artículo publicado originalmente en
El Salto
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