La Junta de Andalucía no ha aprobado aún el Plan para la Salud mental en
una comunidad con dos suicidios diarios y más de un millón de personas que
consumen benzodiacepinas de forma crónica
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Julia, nombre ficticio, está diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad y expone la tardanza en sus citas en la sanidad pública: “para
la primera cita tuve que esperar seis meses y duró 30 minutos; tuve la
última cita en diciembre de 2024 y la siguiente la tendré en septiembre de
2025”. Raúl, nombre ficticio, explica que tras esperar muchos meses tuvo una
experiencia negativa al asistir a la consulta de la psicóloga de un centro médico andaluz: “Le expliqué mis malestares, las cosas por las que
necesitaba terapia, la psicóloga se ríe, me dice que eso no es nada y que
soy joven, que disfrute la vida”. Alex, sin embargo, cree que su experiencia
en el sistema de salud mental en Andalucía ha sido “buena”, pero le
sorprende la falta de continuidad y vigilancia de su proceso: “Solo he
tenido una cita y me han recetado antidepresivos para dos años; que si tengo
crisis, vaya a urgencias, pero sin seguimiento ni nada más”.
Sigue habiendo mucha falta de recursos. La Junta de Andalucía se jacta de
que lo que tienen en las unidades es mentira: terapia de grupo, terapia de
familia, la terapeuta ocupacional, enfermería, psiquiatría, psicología son
un montón de recursos a los que tenemos derecho y no siempre nos llegan",
explica Elena que desde hace años es atendida en Salud Mental
El 42,08% de las andaluzas y andaluces han sufrido al menos un trastorno
mental diagnosticable según los datos de la Junta de Andalucía. Según el
propio organismo, en 2022 más de 300.000 personas en Andalucía sufrían
depresión. Unos datos que, como en el resto del Estado español, no paran de
aumentar. Según el último informe realizado sobre la situación del sistema
sanitario andaluz por los sindicatos SATSE, CSIF, CCOO y UGT, que alertan
sobre la crisis sin precedente de la sanidad en Andalucía, faltan más de
18.000 profesionales para alcanzar la media estatal. Andalucía es la
comunidad autónoma que menos profesionales de salud mental tiene de media, a
pesar de ser el territorio con mayor número de habitantes: cinco
profesionales por cada 100.000 habitantes; la media estatal es de seis.Una
brecha aún mayor con respecto a la media europea de 18 psicólogos por cada
100.000 habitantes.
Además, las listas de espera también afectan a esta atención; en junio del
año pasado había en Andalucía más de 19.000 personas en espera para ser
atendidas en Salud Mental. “No hay financiación, no se cubren plazas o se
cubren con contratos semanales, con lo cual no hay ni compromiso ni
continuidad, algo esencial para atender a la salud mental”, explica
Francisco Casado Cañero, psicólogo del sistema público andaluz en Dos
Hermanas.
Los profesionales están cansados, quemados, es una sensación continua de ir al límite; como no se cubren vacaciones o bajas, el reparto se reparte entre pocos profesionales, se prioriza la primera cita de salud mental en detrimento de la continuación del tratamientoLaura Armesto, psicóloga en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y presidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica
Según el INE, en el año 2022 (último año del que se tienen datos), un
total de 830 personas se quitaron la vida en Andalucía, es decir, dos al
día.
FALTA DE RECURSOS Y DESINTERÉS DESDE LA JUNTA DE ANDALUCIA
La consecuencia de esta situación repercute en las personas que buscan
aliviar el sufrimiento psíquico del que padecen, como es el caso de Elena,
una mujer gaditana que lleva años siendo atendida en el sistema de salud
mental: “He pasado por seis o siete psiquiatras; no deberíamos tener que
exponernos a siete diagnósticos y tratamientos diferentes que te pueden
empeorar lo que tienes”, explica.
Desde su experiencia, cree que las instituciones públicas no dan los
servicios adecuados para la atención a la salud mental: “Sigue habiendo
mucha falta de recursos. La Junta de Andalucía se jacta de que lo que
tienen en las unidades es mentira: terapia de grupo, terapia de familia,
la terapeuta ocupacional, enfermería, psiquiatría, psicología son un
montón de recursos a los que tenemos derecho y no siempre nos llegan”.
El informe publicado recientemente por el Defensor del Pueblo andaluz,
Jesus Maeutzu, hace hincapié en la precaria situación en la que se
encuentra la atención al sufrimiento psíquico en Andalucía. Maeztu pone el
foco sobre que en mayo de 2025 “aún no se ha aprobado el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (Pesma-A) 2024-2028 y, por ende,
no se ha implantado la prevista ordenación y reorganización de la salud
mental”. El defensor lleva varios años en su informe exponiendo la
infradotación de este servicio y considera que en casos como las personas
con patologías duales “no hay respuesta” y no existen “dispositivos
especializados en la asistencia sanitaria a las mismas”.
El informe incluye quejas específicas como la insuficiencia de personal en
este 2024 de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva, Plaza
Houston, en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de
Gestión Sanitaria de Osuna, en el Área de Gestión Sanitaria Norte de
Córdoba y en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de
Peñarroya-Pueblonuevo. Maeztu exige que “se adopten las medidas que
permitan la cobertura de las plazas estructurales de psiquiatras en las
correspondientes unidades de gestión clínica de salud mental a fin de
garantizar una asistencia de calidad”.
Desde la plataforma La salud mental es un derecho, Antonio Vergara de Campos expone que “existe un desinterés tan absoluto por parte de la
Consejería de Salud en un sector tan complejo como es la salud mental”. El
pasado septiembre, tras un proceso de reestructuración que afectó a varias
consejerías del gobierno de Moreno Bonilla, la Junta de Andalucía decidió
suprimir las palabras Salud Mental y Adicciones de la Dirección General de
Atención Sociosanitaria. Una decisión que el gobierno andaluz justificó
alegando que se trataba de “la mejora continua de la calidad de la
atención ofrecida a la población”. Sin embargo, desde la Federación Salud Mental Andalucía se mostraban críticos con esta decisión, ya que “podría
generar inquietudes sobre la priorización y visibilidad que se dará a
áreas tan sensibles y cruciales”.
Ante la situación de recortes, déficit de personal y desinterés por parte
de las instituciones, desde la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental han expuesto en diversas ocasiones que “sufrimos cada día los
recortes en recursos comunitarios, la priorización económica e ideológica
al modelo médico, la inestabilidad de las plantillas y la privación de
derechos de las personas con problemas de salud mental”. Desde la
plataforma La Salud Mental es un derecho recuerdan que: “los profesionales
sanitarios y no sanitarios que trabajan en Salud Mental no son los
responsables del desastre actual, sino víctimas del sistema”.
PASTILLAS Y HOSPITALES, UN SISTEMA QUE SE OLVIDA DE LO SOCIAL
A Rocío, nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente, le
diagnosticaron anorexia, y tuvo que esperar varios meses hasta poder ver
al psicólogo: “Me derivaron a psiquiatría, según las palabras del médico,
para que me fuera medicando. Una vez me vió la psicóloga, me mandó a
pintar mandalas”. Carmen explica: “No he vuelto al médico porque
básicamente la única vez que pedí ayuda por lo público me humillaron tanto
que no es opción para mí. Cuando le dije a mi médico de cabecera que
llevaba meses con insomnio y ansiedad, me dijo que él no podía hacer nada
y que me apuntase a yoga”.
Dar el paso y pedir ayuda para afrontar el sufrimiento psíquico es una
situación que vulnerabiliza a las personas que lo hacen; unido a un
sistema público colapsado, con déficit de recursos y basado en el consumo
de fármacos, genera malestar tanto en pacientes como en profesionales. “La
demanda se ha disparado y somos los mismos profesionales; no sólo hacen
falta más, sino también que no se haga lo mismo”. Laura Martín López-Andrade, psiquiatra del ETIC del hospital virgen de la Victoria de
Málaga
Se emplean medidas muy coercitivas sobre la gente; los servicios comunitarios realmente son aquello que evita que las personas sufran tanto que tengan que ir a un hospitalLaura Martín López-Andrade
Los colectivos de profesionales llevan años denunciando el paso de una
atención a la salud mental comunitaria a una “biologicista” basada en el
consumo de fármacos y la hospitalización. “Por más que busquen las
farmacéuticas el gen de la depresión, no lo están encontrando; quizá sea
el momento de mirar a lo que sí existen las violencias y los
desequilibrios sociales”, Laura Armesto.
Según los datos del Servicio Andaluz de Salud, más de un millón de
personas en Andalucía consumen benzodiacepinas; una de cada diez es
consumidora crónica. “Hay que irse a la base, no hay acceso a la
vivienda, no hay acceso al empleo, la gente tiene redes sociales muy
precarias, mucha gente viene de familia con muchos problemas económicos,
mucha gente viene de experiencias traumáticas y todo eso exige una
interacción diferente. Nosotros nos limitamos a crear instituciones y
dispositivos a los que la gente tiene que adaptarse; eso no funciona”,
explica la psiquiatra.
En los espacios de atención a la salud, como en la sociedad, se ha
instaurado una manera única de entender el sufrimiento psíquico. Como
explica Javier Erro en su libro Saldremos de esta, guía de salud mental
para el entorno de la persona en crisis: “Desde hace muchos años se ha ido
reduciendo la idea que tenemos de salud mental a los problemas de salud
mental". Tenerla en cuenta únicamente cuando nos da problemas da a
entender que en el resto de circunstancias es un factor que no debemos
atender y que la salud mental es un tema problemático en sí mismo”.
Muchos profesionales abogan por una mayor inversión en el sistema de
atención a la salud mental para la creación e implementación de políticas
de salud comunitaria. “Se emplean medidas muy coercitivas sobre la gente;
los servicios comunitarios realmente son aquello que evita que las
personas sufran tanto que tengan que ir a un hospital. Hay que retomar
políticas que vayan con las necesidades de la gente y con sus derechos”,
sentencia Martín López-Andrade.
Artículo publicado originalmente en El Salto
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