El cansancio y el hartazgo de las profesionales no es por falta de vocación o
por situaciones individuales, es un agotamiento estructural de un modelo
sanitario basado en la mercantilización de derechos y la competencia entre
capitales
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| Davidpar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons |
El 24, 25 y 26 de enero las trabajadoras del sistema sanitario catalán han
ido a la huelga. No es una situación nueva, ya que el antecedente más
reciente de huelga sanitaria es de marzo de 2021. Desde entonces la
situación no ha mejorado, a pesar de promesas políticas y acuerdos
parlamentarios. Tampoco es una situación aislada a nivel territorial, ya que
a lo largo y ancho del Estado Español se repiten convocatorias como la
catalana.
El otoño e invierno de 2022 han sido especialmente duros, con una
confluencia de numerosos casos de gripe, covid y bronquiolitis. Este
escenario llega después de años de recortes y privatizaciones, a los que se
suma un agotamiento crónico de las trabajadoras, que sostuvieron el sistema
durante los tiempos más duros de la pandemia con sobreexplotación y
precariedad vital.
Éstas carencias no han sido corregidas, por lo que las reivindicaciones del
sector en 2021 se parecen enormemente a las actuales. Las pequeñas mejoras
retributivas en los nuevos convenios colectivos no evitan la situación de
colapso del sistema. Comenzando por una Atención Primaria menospreciada y
saturada, que repercute gravemente en las urgencias hospitalarias, en las
que muchas veces se viven situaciones dramáticas, y termina alargando hasta
el absurdo las listas de espera tanto quirúrgicas como de especialista. El
cansancio y el hartazgo de las profesionales no es por falta de vocación o
por situaciones individuales, es un agotamiento estructural de un modelo
sanitario basado en la mercantilización de derechos y la competencia entre
capitales.
LA PERVERSIÓN DEL MODELO PÚBLICO-PRIVADO
El modelo sanitario catalán es un ejemplo casi perfecto de gestión
neoliberal de un servicio público. A diferencia de lo que ocurre en otros
territorios, en Catalunya la provisión de los servicios de salud es
llevada a cabo por una compleja red de empresas privadas, fundaciones,
consorcios, ayuntamientos, diputaciones y mutuas. Todas ellas tienen
convenios con el CatSalut, el organismo público del Departamento de Salud
encargado de contratar proveedores. La historia de cómo se ha fraguado
este sistema daría para otro artículo, incluso para algún libro, pero lo
importante es que provoca que el derecho a la salud quede totalmente
sepultado frente a los intereses empresariales y partidistas. Tan sólo uno
de cada cuatro hospitales catalanes pertenecen al Instituto Catalán de la
Salud, la empresa pública del Departamento de Salud y principal proveedor
público, y el presupuesto en Salud (uno de los más importantes de la
Generalitat) va en un 75% a convenios con el sector privado.
Una de las consecuencias fundamentales de este modelo es la falta de
transparencia en la asignación de recursos, lo que lleva a situaciones de
corrupción legal, como sobrecostes enormes en las obras o sueldos
estratosféricos de directivos. Esta corrupción no escapa a la casta
política, que se beneficia directamente a través de puertas giratorias y
posiciones de poder en las juntas directivas de empresas privadas del
sector salud.
En los últimos años la tendencia a la privatización y a la externalización
de servicios y plantillas no se ha frenado, a pesar de que sus
consecuencias son cada día más evidentes.
LAS VÍCTIMAS DEL MODELO
Esta situación tiene mucho que ver con el desmantelamiento de la Atención
Primaria, pues el modelo primarista no supone un negocio tan importante
como el hospitalario, al carecer de grandes tecnologías o costosos
medicamentos. La prevención de la enfermedad que se realiza desde Atención
Primaria o desde los servicios de Salud Pública, a pesar de ser un bien
social incuestionable, no interesa a ninguna mutua ni empresa privada.
Las primeras perjudicadas por el modelo son las trabajadoras, que ven cómo
sus convenios colectivos cambian de unos proveedores de salud a otros. La
multiplicidad de actores y la filosofía empresarial de la eficiencia
provocan un empeoramiento de las condiciones laborales de las
profesionales. Muchas hablan ya de la peor situación vivida en la historia
del Sistema Nacional de Salud.
Pero esto perjudica también a las usuarias, que reciben un servicio
asistencial cada día más precario, marcado por desigualdades territoriales
y clasistas. No debemos olvidar que los recortes posteriores a la crisis
de 2008 fueron mucho más elevados en aquellos proveedores de salud que
tenían titularidad y gestión pública, mientras eran aumentadas las
partidas presupuestarias destinadas a financiar al sector privado. La
precariedad en el sector público conlleva un flujo constante de pacientes
a las mutuas del sector privado, que ve cómo sus beneficios crecen al
mismo ritmo que las listas de espera de la pública.
La crisis, por tanto, no tiene que ver solamente con el sueldo de las
profesionales, sino con un modelo público-privado perverso.
UN PLAN DE CHOQUE SANITARIO
No podemos normalizar ni la precarización ni el colapso del sistema
sanitario. La pandemia no puede seguir sirviendo como excusa para no
intervenir. Para pensar en un plan de choque que revierta la crisis actual
un buen punto de partida es revisar las reivindicaciones de la Mesa
Sindical de Sanidad de Catalunya de cara a la huelga actual.
Una mezcla inteligente de mejoras de las condiciones laborales y
cuestionamiento de la gestión en base a un modelo neoliberal tales como
conseguir una sanidad de titularidad, gestión y provisión cien por cien
pública; establecer un único marco regulador de las relaciones laborales
del sistema sanitario público, con una mesa de negociación única y
equiparando las condiciones laborales de las trabajadoras
independientemente de a qué proveedor de salud pertenezcan; crear ratios
profesional/paciente que permitan una correcta asistencia y reduzcan las
cargas de trabajo; destinar al menos un 25% del presupuesto de salud a la
Atención Primaria, pilar fundamental del sistema; reducir la jornada
laboral a 35 horas semanales y garantizar la posibilidad de no hacer
guardias ni trabajar fines de semana a partir de los 50 años; devolver el
5% de sueldo recortado a todos los trabajadores del sector público en 2010
y resolver la grave problemática de falta de personal sanitario,
garantizando la cobertura de las jubilaciones, vacantes, y la sustitución
en caso de vacaciones o bajas.
La primera demanda es la más ambiciosa, ya que supondría un cambio radical
del modelo actual. No es posible conseguir un sistema de titularidad y
gestión pública sin enfrentarse cara a cara con el sector privado, que
posee numerosos intereses en la mercantilización de la salud. Es
importante recordar que las puertas giratorias entre los principales
partidos políticos catalanes y las grandes empresas del sector son una
constante a lo largo de la democracia. Por lo tanto, debemos ir un paso
más allá, y poner la sanidad pública en manos de las trabajadoras y
de la ciudadanía, para evitar depender de los vaivenes de una clase
política que se muestra o bien cómplice de las privatizaciones, o bien
incapaz de blindar la sanidad pública.
La pregunta más importante sea quizá cómo generar un poder suficiente como
para hacer cumplir estas demandas. Construir un sujeto plural con
intereses comunes que vaya más allá del colectivo sanitario. La reacción
de la ciudadanía y de la sociedad civil es fundamental para defender y
conquistar derechos. Sólo mediante el apoyo popular y la autoorganización
de las trabajadoras podremos evitar que los gurús de la privatización se
salgan con la suya. Del éxito de estas movilizaciones dependerá si
seguimos por el camino del desmantelamiento de los servicios públicos o
apostamos por otro modelo, en el que la salud de las profesionales y de
las pacientes sea lo primero.
Artículo publicado originalmente en El Salto
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